El día de San Ignacio aumenta su importancia en el mundo del deporte, porque las ligas profesionales establecen el 31 de julio de cada año como la fecha última en la que ponerse al día en el pago de los haberes de los jugadores, preferentemente futbolistas. Si no lo hacen, el riesgo de pérdida de categoría se presenta como una amenaza indiscutible.
En los últimos tiempos la Ley Concursal ha servido de válvula de escape a los morosos, quienes amparándose en la nueva legislación han eludido el abono de las cantidades pactadas con los jugadores. Este peligroso camino para los deportistas llevó a la AFE, el sindicato de jugadores, a plantearse una nueva huelga si la patronal (LFP) no firmaba un nuevo convenio colectivo.
Precisamente, lo harán hoy, a la sombra del CSD y de Lissavetzky encargado de prolongar el acuerdo hasta el parlamento para que la ley se modifique y evite el cachondeo en que parece convertirse la concursal. Al hilo de ella, las relaciones entre futbolistas y clubes se convierten en un punto notable de fricción. Comprobable por ejemplo en el Levante y Real Sociedad, los dos primeros equipos del ranking de morosos.
En el caso realista llueve sobre mojado. Las relaciones entre el vestuario y el consejo se deterioran cada día. Los futbolistas no creen en su presidente y hacen mucho más caso a los administradores judiciales, cuya información dista de ser parecida a la que reciben de sus mandatarios. Hay zozobra y sensación de que el futuro inmediato va a ser convulso, porque el presidente Badiola anuncia elecciones al final de esta próxima temporada y no me caben dudas de que se van a producir movimientos para intentar derrocarle.
En ese paisaje se moverá la plantilla, cuyo número de componentes sigue siendo una incógnita tan grande o mayor que el nombre de los mismos. Y es que entre rumores, reconocimientos médicos mediáticos, presentaciones sin el visto bueno de los administradores judiciales, inspecciones de hacienda, denuncias, etc., el panorama no es para nada alentador.